Una universidad que incomoda
Manuel Molina
La negativa de la Junta de Andalucía
a implantar el grado de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Jaén no es
solo un error, es un síntoma. Algunos la califican de “decisión política”. Si
entendemos por ello la preferencia por universidades privadas desde el gobierno
autonómico, entonces claro que sí, es política. Cuesta creer que esta decisión
obedezca a razones técnicas, cuando la realidad muestra otra cosa: hay más
voluntad que objetividad en juego. Y, una vez más, Jaén queda fuera de las
prioridades. La Universidad de Jaén (UJA), pese a su juventud, ha sido un motor
esencial para una ciudad históricamente olvidada. Como recordó recientemente su
rector, “la UJA es el principal activo estratégico con el que cuenta Jaén para
su transformación social y económica”. En un territorio con escasa inversión
privada, sin tejido industrial sólido y con un desempleo juvenil alarmante, el conocimiento
se convierte en el único agente de cambio real. El hecho de que en Granada haya
ocurrido algo parecido ha propiciado que el propio PP granadino se haya
manifestado en contra de la decisión, claro que es política.
Por eso resulta incomprensible frenar
un grado como Ingeniería Biomédica: con demanda acreditada, viabilidad
económica, recursos disponibles y más de ochocientas solicitudes en su primera
preinscripción. ¿No era el momento adecuado? ¿Por qué en las universidades
privadas no hay obstáculos, mientras en la pública se multiplican las
exigencias? Se trata de una decisión que daña la autoestima de una provincia
que lleva años reclamando una apuesta seria por su universidad. El propio
alcalde de Jaén, Julio Millán, lo calificó de “varapalo” y no le falta razón.
Cada vez que se deniega un nuevo grado se pierden inversiones, se dispersa el
talento y se erosiona la imagen de una institución que ha cumplido con creces
su papel de motor provincial. Esto no es un trámite menor, sino la confianza en
un modelo de universidad pública que investiga, colabora con empresas y forma a
cientos de jóvenes que, de otro modo, como conoce bien esta tierra, tendrían
que marcharse. Eso también es cohesión territorial y justicia social.
La Junta aún puede rectificar. Lo
mínimo sería revisar el informe técnico, explicar con claridad los criterios
aplicados y asumir responsabilidades por un retraso que ha dejado a cientos de
estudiantes en el limbo. Cada decisión como esta alimenta la sospecha de un
trato desigual, que empieza a parecer menos una percepción y más una evidencia.
Hay instituciones que incomodan, precisamente porque funcionan. La Universidad
de Jaén es una de ellas. Por eso hay que defenderla. No desde el victimismo,
sino con la convicción de que una universidad pública fuerte no es un
privilegio, sino una necesidad. Dice Boaventura Santos, citado por Emilio Díaz
Berenguer, que “O defendemos la universidad pública como lugar de producción de
saberes plurales y emancipadores, o estaremos renunciando a uno de los pocos
espacios donde aún es posible pensar utopías, imaginar futuros y ejercer la
democracia en serio.” Y eso, sin lugar a dudas, también es política.
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